Poner en relación a nuestros indígenas con lo que se refiere al mundo jurídico nacional es, además de una necesidad, uno de los grandes servicios que podemos darles. La comunicadora Marlene Villalba me ha enviado un documento de importancia. El comunicado se lanzó durante la clausura del Taller de Promotores jurídicos indígenas, en el aula magna de la UCA, el taller fue organizado por la Conapi de la Conferencia Episcopal del Paraguay (CEP).
“La Red de Promotores Jurídicos Indígenas del Paraguay, en representación de los pueblos indígenas, velando por los derechos consagrados en nuestra Legislación Nacional, nos dirigimos a los representantes del Estado paraguayo, por los hechos de atropellos ocurridos en las comunidades indígenas, de Takuara’i, ubicada en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, Canindeyú, y Makutinga, ubicada en el distrito de Carlos A. López de Itapúa; expresando lo siguiente:
Repudiamos todo acto que atente contra nuestros derechos consagrados en la Carta Magna, así como las invasiones a territorios ancestrales y la criminalización de las causas, como también la falta de garantías por parte de la Policía Nacional obrando en reiteradas ocasiones en contra de nuestros derechos constitucionales y derechos consuetudinarios.
Solicitamos la intervención correspondiente de las instituciones encargadas de velar por nuestros derechos, principalmente, el acompañamiento del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio Público de la Dirección de Derechos Étnicos y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Exigimos el esclarecimiento del asesinato, la búsqueda y hallazgo del cuerpo de Isidoro Barrios de Takuara’i, así como la sanción penal de los implicados.
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