La Cámara Baja concluyó ayer la aprobación de la ley de emergencia educativa en infraestructura por dos años. Prevén que los contratos de obras incluyan una cláusula de mantenimiento y otra penal, por eventual incumplimiento.
La emergencia educativa ya había sido aprobada en general, pero ayer los diputados estudiaron artículo por artículo la norma.
La ley declara en emergencia la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales por dos años, con evaluaciones semestrales en audiencia pública.
Entre sus puntos resaltantes, dispone que los contratos suscritos con empresas constructoras deberán contener una cláusula de mantenimiento de obras por un año. Este punto fue cuestionado por el diputado liberal Sergio Rojas, quien advirtió que se creaba un costo extra para las obras, de difícil control.
También se estableció la inclusión de una cláusula penal para los casos de incumplimiento total o parcial en la ejecución de las obras, conforme al Código Civil.
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