La Cámara de Diputados insta al Poder Judicial a resguardar un extenso patrimonio público vinculado a una donación aceptada por la Ley 3294 en favor de los pobladores de Puerto Casado y para asegurar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Fronteriza
La Cámara de Diputados insta al Poder Judicial a resguardar un extenso patrimonio público vinculado a una donación aceptada por la Ley 3294 en favor de los pobladores de Puerto Casado y para asegurar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Fronteriza En un conflicto judicial se tiene como uno de sus puntos centrales la disputa por más de 310 mil hectáreas de tierras, que se encuentran en una delicada situación legal debido a una sentencia judicial que, según la Cámara de Diputados, vulneraría directamente las disposiciones de la Ley de Seguridad Fronteriza y afectaría el cumplimiento de la...
Las tierras en cuestión, ubicadas en el departamento de Alto Paraguay, han sido objeto de controversia ya que forman parte de una donación que la Asociación Espíritu Santo se comprometió a realizar al Estado paraguayo, según lo estipulado en la Ley mencionada.
Sin embargo, este compromiso de donación no se ha concretado, lo que ha impedido que la población de Puerto Casado pueda acceder a la titulación legal de sus propiedades. El conflicto, que involucra intereses nacionales y derechos territoriales, ha llevado a las autoridades legislativas a tomar cartas en el asunto, solicitando que se protejan los bienes del Estado y que se garantice la regularización de las tierras para los pobladores afectados.
PREOCUPACIÓN DEL LEGISLATIVO Ante la gravedad de la situación, la Cámara de Diputados ha instaló a varias dependencias, como el Poder Judicial, a actuar en defensa del patrimonio del Estado, asegurando el cumplimiento de las leyes vigentes y, particularmente, de la Ley de Seguridad Fronteriza, que regula el uso y la administración de tierras en áreas limítrofes.
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