En plena crisis de credibilidad y con varios casos de narcopolíticos encarcelados, el Congreso cajonea hasta el 2023 el estudio de leyes contra el lavado de dinero en campañas y la reforma del Código Electoral. En una semana más empieza el receso parlamentario y la convocatoria a elecciones municipales rige desde marzo. Con ello, los cambios solo se aplicarán en los comicios generales en cuatro años más, si es que se aprueban.
Desde hace dos meses la Cámara de Senadores simuló la intención de tratar un paquete de proyectos de ley que generen una reforma electoral (Ver la infografía). El estudio fue convocado para el 19 de noviembre, luego se postergó por una semana y, finalmente, se postergó “sin fecha”.
Entre las propuestas más polémicas figuran aplicar el voto obligatorio con pena de multas, prohibir la propaganda electoral con financiación privada, así como reducir y nivelar el subsidio electoral.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, algunas bancadas reaccionaron ante el apresamiento, en Estados Unidos, de la exdiputada Cynthia Tarrago (ANR), procesada por lavado de dinero con miras a las municipales de 2020; y la encarcelación, en Viñas Cue, del diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), por ser un presunto cómplice del narco Reinaldo Cabaña “Cucho”.
Diputados del PPQ, PLRA, ANR y del sector independiente plantean endurecer el control de la Ley 4743/12 “Que regula el financiamiento político” y su ampliación de la Ley 6167/18, que trajo tibios controles a movimientos partidarios en las internas.
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