El juez penal de garantías Humberto René Otazú fijó para el jueves 16 y viernes 17 de diciembre, a las 9:00, la audiencia preliminar para los exministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Alberto Rojas, procesados junto con otras personas por la compra de equipos inservibles y supuestamente sobrefacturados para la institución. La audiencia en esta causa iniciada hace 5 años estaba prevista para esta mañana, pero se pospuso a pedido de la defensa. Según la acusación, el perjuicio causado a la institución ronda los G. 11.000 millones.
La audiencia preliminar ya se frustró en varias ocasiones como consecuencia de las chicanas de los procesados por lesión de confianza y otros delitos que se inició en el 2016. Es por ello que el Ministerio Público solicitó la aplicación de sanciones para los acusados que se rehúsan a someterse a los mandatos de la justicia.
El juez penal de garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández, convocó a los procesados extitulares de la Senad Francisco José de Vargas Benítez y Luis Alberto Rojas Ramírez, así como a Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvia Jara Acha, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Jessica Paola Reyes Aguilera y Hugo Danilo González, para el jueves 16 y viernes 17 de diciembre a las 9:00 para sustanciar la audiencia preliminar.
El Ministerio Público en la causa caratulada: “Francisco de Vargas y otros s/ contrabando”, Nº 72/2016 al contestar el traslado que le corrió el juzgado penal de garantías sobre la apelación general que promovió el acusado Alberto Daniel Ferreira Martí, bajo patrocinio del abogado Carlos G. Montañez contra el AI N° 787 del 12 de noviembre de 2021, por el que se hizo lugar a la reposición de la Fiscalía para el diligenciamiento de la audiencia preliminar, solicitó que se impongan medidas disciplinarias a los chicaneros.
Aplicación de sanción: “Resulta evidente la pretensión del recurrente de dilatar el proceso, tal como consta en autos, el recurrente planteó anteriormente un recurso extraordinario de casación contra una resolución cuya decisión jurisdiccional no puso fin al proceso, por ende, el planteamiento a todas luces y sin el menor análisis resulta inadmisible, sin embargo, de igual manera ello obligó a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analice el estudio de admisibilidad”, refiere el Ministerio Público.
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