La Constitución dice que la Contraloría General de la República (CGR) es el órgano encargado de vigilar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades; ninguna entidad pública escapa al control de la ejecución y la liquidación de su Presupuesto, ni al examen de sus cuentas, fondos e inventarios. La misma normativa establece un Tribunal de Cuentas que, según la Ley N° 2248/03, debe entender exclusivamente en los juicios contencioso-administrativos, con lo que perdió la facultad que hasta entonces tenía de controlar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional. Pese a ello, muchas instituciones siguen recurriendo a este Tribunal, que carece de los recursos humanos y materiales para cumplir con dicha tarea.
Poner fin a las excusas que impiden auditar a las instituciones públicas
La Constitución dice que la Contraloría General de la República (CGR) es el órgano encargado de vigilar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades; ninguna entidad pública escapa al control de la ejecución y la liquidación de su Presupuesto, ni al examen de sus cuentas, fondos e inventarios. La misma normativa establece un Tribunal de Cuentas, cuya composición y competencia deben ser determinadas por una ley, la N° 2248/03, que encargó a sus dos salas, exclusivamente, entender en los juicios contencioso-administrativos, con lo que la...
Y bien, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –uno de los tantos órganos que plantearon una acción de inconstitucionalidad para que sus cuentas no sean auditadas por la CGR sino por el Tribunal de Cuentas– ha venido declarando en cada caso concreto en que otras instituciones acudieron a ella por el mismo motivo, que la ley es inaplicable, con el argumento de que ella no dispuso expresamente el destino de los procesos en trámite en la segunda sala. Pues, en este argumento se han apoyado los numerosos avivados para ignorar a la Contraloría y presentar sus documentos al citado Tribunal.
Es comprensible que, si tienen algo o mucho que ocultar, opten por ese tramposo atajo, ya que su “control” no puede ser más que superficial, por carecer este último de los recursos humanos y materiales suficientes para auditar rigurosamente las cuentas. No resulta llamativo, entonces, que los últimos tres fiscales generales del Estado –Rubén Candia Amarilla, Javier Díaz Verón y Sandra Quiñónez– se hayan dirigido también solo a dicha instancia, ya que el fiscal de cuentas dictaminante estaba subordinado a ellos: su visto bueno podía darse por descontado. Igual cosa viene haciendo la CSJ,...
Leer la nota completa en Diario ABC
