Parece que el Censo Nacional 2022, por el momento, no lo es Cualquier observador medianamente informado se asombraría de que un legislador diga estar entre quienes creen que el Censo Nacional debería ser una política de Estado. El planteo sugiere que, al contrario, hay personas que no creen que deba serlo, cosa que por otro […]
Cualquier observador medianamente informado se asombraría de que un legislador diga estar entre quienes creen que el Censo Nacional debería ser una política de Estado. El planteo sugiere que, al contrario, hay personas que no creen que deba serlo, cosa que por otro lado no debiera extrañar en un país en donde hay grupos con poder de decisión que no consideran esencial un registro estadístico sistematizado y en donde las auditorías, sindicaturas y controles de cualquier tipo molestan.
Paraguay es un país en donde las cajas fiscales -algunas en quiebra- carecen de una superintendencia que las controle, tal como ocurre con bancos y financieras.
Paraguay es un país en donde todo intento por actualizar el catastro nacional se quedó por el camino mientras duerme en el Congreso, desde 2013, un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Catastro Registral (Sinacare) que apunta a ordenar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda y de la Dirección Nacional de Registros Públicos dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Paraguay es un país en donde el organismo encargado de la reforma agraria intentó hacer un censo de colonias y a poco de iniciado, lo abortó por -vaya una “casualidad”- sospechas de corrupción. Así, nadie sabe cuántos lotes agrícolas fueron adjudicados, si están o no titulados y en manos de quiénes permanecen. Son 3.200.000 hectáreas de tierras públicas en una nebulosa por falta de un instrumento que transparente su situación, por ejemplo, el censo.
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