En las últimas semanas, la ciudadanía ha sido testigo de un par de acontecimientos de singular relevancia para el saneamiento moral de la República. En efecto, el hecho de que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exsenador colorado Óscar González Daher y el diputado Ulises Quintana, también del partido gobernante, estén hoy presos por orden judicial, debe ser calificado de extraordinario en un país donde quienes ocupan altos cargos tienen –o tenían– la impunidad garantizada por el sometimiento del Ministerio Público y de la Justicia a los poderes políticos. Resulta también sumamente auspicioso que se haya dispuesto la apertura de una investigación penal a otros tantos personajes influyentes, como los integrantes del cuestionado “clan” Zacarías de Ciudad del Este, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas –todos colorados–, y el senador liberal Dionisio Amarilla, que parecían inmunes a las pesquisas. Aparte del respaldo explícito de la superior jerárquica, Sandra Quiñónez, los agentes fiscales que actúan en los últimos “grandes casos” y aquellos que lleguen a intervenir en otros deben también ser animados por los ciudadanos que quieren que impere la Justicia en nuestro país y que los delincuentes sean castigados.
En las últimas semanas, la ciudadanía ha sido testigo de un par de acontecimientos de singular relevancia para el saneamiento moral de la República. En efecto, el hecho de que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exsenador colorado Óscar González Daher y el diputado Ulises Quintana, también del partido gobernante, estén hoy presos por orden judicial –una situación por la que jamás habrán pensado pasar– debe ser calificado de extraordinario en un país donde quienes ocupan altos cargos estatales tienen –o tenían– la impunidad garantizada por el sometimiento del Ministerio...
Resulta también sumamente auspicioso que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción haya dispuesto la apertura de una investigación penal a otros tantos personajes influyentes de la política, como los integrantes del cuestionado “clan” Zacarías de Ciudad del Este, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas –todos colorados–, y del senador liberal Dionisio Amarilla, que parecían inmunes a cualquier pesquisa.
En verdad, algo parece haber cambiado desde el 15 de agosto de este año, cuando se esperaba que el “nuevo rumbo” de Horacio Cartes se mantuviera contra viento y marea.
No se necesita mucho esfuerzo para imaginar que serán fortísimas las influencias indebidas que se estarán ejerciendo para que la prisión preventiva de los susodichos sea revocada y para impedir que sean juzgados y punidos de acuerdo a la ley. Esas presiones afectarán no solo a los magistrados, sino también a los agentes fiscales intervinientes.
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