Los invasores se han parapetado en la propiedad privada y se mantienen con la fuerza de las armas, dedicándose a actividades criminales como si se
Los invasores se han parapetado en la propiedad privada y se mantienen con la fuerza de las armas, dedicándose a actividades criminales como si se tratara de un feudo terrorista. Esto ocurre con impunidad en un país supuestamente regido por la Constitución Nacional.
En una muestra singular de cinismo, líderes de la invasión violenta de Pindó autodenominada “Comunidad 1º de Marzo-Joaju”, dio a conocer un comunicado a la opinión pública nacional e internacional declarándose víctima de la “planificación de violencia orquestada desde el Gobierno contra el campesinado y sus dirigentes”, pidiendo la intervención de legisladores nacionales, la Comisión Nacional contra la Tortura y Codehupy, señalada de servir a los intereses del globalismo de izquierda y activistas involucrados en problemas con el orden y el Estado de Derecho.
Los invasores dicen en su comunicado que el lunes estaba previsto una reunión con el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien se negó finalmente a participar del encuentro.
Según los supuestos campesinos -que en realidad son verdaderos depredadores, abigeos, abusadores y productores de marihuana, entre otros- las tierras de Pindó no tienen título de propiedad, a pesar de que los mismos propietarios se dispusieron en varias ocasiones a exhibirles públicamente los papeles que legítimamente otorgan las 4.499 hectáreas al establecimiento agroganadero Pindó S.A., ante la negativa de los violentos a reconocer la validez de los documentos.
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