El juicio por acción de reparación iniciado por la Procuraduría General de la República contra los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y Rody Godoy, así como la exdirectora administrativa Marisela Suárez, avanzó este lunes con los alegatos finales ante la jueza Elsa García. Juan Manuel Bogarín, procurador delegado en la […]
El juicio por acción de reparación iniciado por la Procuraduría General de la República contra los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y Rody Godoy, así como la exdirectora administrativa Marisela Suárez, avanzó este lunes con los alegatos finales ante la jueza Elsa García.
Juan Manuel Bogarín, procurador delegado en la causa, explicó que la acción busca recuperar un monto total cercano a Gs. 69 mil millones, producto de transferencias irregulares realizadas durante ambas gestiones ministeriales. Según detalló, la mayor parte del perjuicio, unos 60 mil millones, corresponde a actos administrativos firmados por Cardozo; mientras que cerca de 8 mil millones están relacionados con la gestión de Godoy.
Marisela Azuaga, quien se desempeñó como directora administrativa bajo ambos ministros, también es responsabilizada por firmar conjuntamente las transferencias. Por ello, la PGR solicita que ella responda junto a Cardozo por unos 52 mil millones y por la totalidad del monto vinculado a Godoy. “Estamos reclamando a personas distintas por acciones específicas. No pretendemos cobrar dos veces el mismo daño, como insinúa la defensa. La cifra real es una, claramente detallada y sustentada jurídicamente”, afirmó el Procurador Delegado Juan Manuel Bogarín, quien negó que se esté “inflando” el...
El procurador recordó que el juicio se basa en sentencias condenatorias firmes, que constituyen un título ejecutivo para el Estado. A través de este procedimiento especial de reparación del daño, la Procuraduría apunta a obtener una restitución patrimonial rápida y efectiva, evitando los juicios civiles ordinarios que pueden extenderse durante años. “Cada vez que una sentencia firme por corrupción llega a nuestro conocimiento, vamos a iniciar acciones civiles de reparación. Es nuestro deber con el Estado y con la ciudadanía”, aseguró.
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