Sendos estudios y pronunciamientos se emitieron desde organizaciones como Amnistía Internacional hasta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para advertir que este tipo de leyes desalienta el derecho a la libertad de asociación y daña a la sociedad civil. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dependiente de la OEA, calificó a las leyes anti-ONG como una “peligrosa tendencia global” y una “amenaza” a la libertad de asociación, por lo que pidió a los países un freno a estas acciones de amedrentamiento y hostilidad contra la sociedad civil. El GAFI afirmó que estas leyes impulsan “medidas desproporcionadas” mediante normas antilavado para desalentar a la sociedad civil e impulsó una enmienda a su recomendación 8 para aclarar sobre la interpretación incorrecta que lleva a estas acciones.
Tanto Santiago Peña como los legisladores cartistas se saltaron todas las alertas internacionales contra la ley de control excesivo a las organizaciones no gubernamentales y a pesar de las advertencias sobre el deterioro democrático, el Congreso sancionó la normativa en la versión que pidió el presidente. Sendos estudios y pronunciamientos se emitieron desde organizaciones como Amnistía Internacional hasta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para advertir que este tipo de leyes desalienta el derecho a la libertad de asociación y daña a la sociedad civil.
Todo esto en medio de la postulación del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de Peña apunta a esta candidatura al tiempo que este mismo organismo emitió un comunicado para pedir a los países que retrocedan en lo que consideran una señal de autoritarismo con efecto nocivo al derecho del activismo público. Por ese motivo, varios actores políticos y sociales exigieron al canciller una postura clara sobre el asunto.
ONU. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió ya en julio pasado a la Cámara de Diputados que rechace el proyecto de ley en ese momento aprobado por el Senado, por contemplar “restricciones sustanciales” a la financiación de las ONG. Advirtió que se produce un “impacto negativo en la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil en el país”, además de obstaculizar el ejercicio de la libertad de asociación y expresión.
OEA. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dependiente de la OEA, calificó a las leyes anti-ONG como una “peligrosa tendencia global” y una “amenaza” a la libertad de asociación, por lo que pidió a los países un freno a estas acciones de amedrentamiento y hostilidad contra la sociedad civil.
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