Un Tribunal de Apelación Penal confirmó al juez Osmar Legal al frente de la causa denominada Pavo Real Py II. Esto tras rechazar la recusación planteada por el abogado Oscar Tuma, por supuestas graves irregularidades en la tramitación del caso y los procedimientos realizados. Así también, rechazó las apelaciones de la prisión a Alexandre Rodrigues y contra el bloqueo de bienes del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido durante el allanamiento a su domicilio.
El Tribunal de Apelación Penal, integrado por los jueces Digno Arnaldo Fleitas Ortiz, Silvana Raquel Luraghi Sarubbi y Claudia Carolina Criscioni Ferreira, por Auto Interlocutorio (AI) N° 91 rechazó la recusación del abogado Oscar Tuma, en representación del procesado Alexandre Rodríguez Gomes, contra el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, quien así fue confirmado en la causa abierta la diputado Eulalio “Lalo” Gomes (+) en el caso denominado .
El abogado Tuma señaló en su escrito varias irregularidades en las que según, consideró, incurrió el juez Osmar Legal. Las mismas consistieron en la descripción de la dirección a allanar; la falta de justificación clara para realizar el allanamiento en horario nocturno; falta de identificación de las personas a detener y duración del mandamiento.
Igualmente, Tuma cuestionó que la imputación contra una persona fallecida haya sido admitida. Por estas conductas señaladas por la defensa del encausado Alexandre Rodrigues Gomes que, el abogado Tuma fundó su recusación en las causales indicadas en el artículo 50° del Código Procesal Penal, específicamente falta de imparcialidad y diligencia del juez, y pérdida de confianza en la imparcialidad del proceso.
Por su parte, el juez Osmar Legal peticionó el rechazo de la recusación atendiendo a que, su juzgado autorizó los procedimientos “a pedido de los titulares de la acción, los cuales fueron debidamente fundados y de manera consecuente, bajo control, dirección y responsabilidad de los mismos, por lo que la idea de la existencia del riesgo de que las autoridades involucradas no interpreten correctamente la legalidad y los límites del procedimiento, no puede ser considerado, ya que justamente dichas órdenes y/o autorizaciones fueron expedidos para su ejecución bajo estricto control, dirección y...
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