Setenta y cinco días después de que los gobiernos de nuestro país y del Brasil definieran las “directivas” sobre la entidad binacional Itaipú, destacadas en siete puntos nada se sabe del Anexo C. A pesar de que en su último párrafo, con una presentación diferente, incluye el compromiso de los gobiernos de “concluir” la revisión de dicho anexo del Tratado antes del 31 de diciembre de este año, el Poder Ejecutivo se llamó a silencio sobre el mandato del numeral VI de esta parte del Tratado.
Parecería que la pulseada con sus pares brasileños por la imposición de una tarifa superior al presente costo real del servicio de electricidad de la entidad agotó sus fuerzas o que la pausa es una suerte de costo de la concesión brasileña o la interpretación más inquietante: que ese Acuerdo de Entendimiento es suficiente y que la revisión que manda el Tratado quedó anotada para otra fecha, desafortunadamente de las calendas griegas.
El numeral VI del aún vigente Anexo C, recordemos, establece que sus disposiciones “serán revisadas” luego de que transcurrieran 50 años desde la entrada en vigor del Tratado de Itaipú.
Por consiguiente, el plazo de referencia caducó el 13 de agosto de 2023, porque el intercambio de los instrumentos de su ratificación, en un acto que tuvo lugar en Asunción, se llevó a cabo el 13 de agosto de 1973.
En otras palabras, el plazo que señala el Tratado para que las disposiciones del Anexo sean revisadas –la acepción corregida, enmendada del vocablo es mucho más correcta– venció hace 10 meses y 12 días; no obstante, el producto de mayor relevancia que ofrecieron a la República del Paraguay –sus gobernantes de turno– es un documento titulado “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”.
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