Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario. El informe añade que el desequilibrio causado por el irregular manejo de los presupuestos “amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB)” y “perjudicó” la calidad de vida de los brasileños. Asimismo, dice que la emisión de decretos que alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria constituyó una “usurpación” de las funciones del Congreso y “violó” los “mecanismos de control” mediante los cuales la sociedad vigila “la gestión del dinero público”, que son “condición en una democracia plena”.
Brasilia.- El Partido de los Trabajadores (PT) anunció hoy, tras la aprobación del informe que lleva a un juicio final a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, que ha denunciado esa decisión ante la OEA como un “golpe de Estado”.
La demanda fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha criticado la forma en que se ha desarrollado el proceso de destitución que enfrenta Rousseff, suspendida desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por Michel Temer, quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia.
La decisión del PT fue anunciada horas después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será realizada a fines de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que “suspenda” el juicio político contra Rousseff, que califican de “ilegal”.
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