Por Marcos León Esta publicación nace a raíz de una noticia reciente que me dejó helado. No por lo que
Esta publicación nace a raíz de una noticia reciente que me dejó helado. No por lo que decía explícitamente, sino por lo que revelaba entre líneas. Tres cosas me llamaron poderosamente la atención: primero, que algunos periodistas (formadores de opinión) se preguntaban —casi con alivio— si está bien que en Paraguay esté bajando la tasa de natalidad. Segundo, que se habló de servicios de anticoncepción para adolescentes como si fueran automáticamente algo bueno, sin matices, sin debate, sin contexto. Y tercero —y quizás lo más alarmante—, que nadie parecía tener idea de lo que esta...
Paraguay atraviesa una etapa crítica de su historia demográfica. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha descendido drásticamente: de 6,55 hijos por mujer en 1950, a 2,19 en 2020, y se proyecta que caerá por debajo del nivel de reemplazo (1,72) en 2050. Mientras tanto, la tasa de mortalidad permanece estable. ¿Qué significa esto? Que estamos matando la capacidad de reproducción de nuestra nación justo cuando aún podríamos beneficiarnos del bono demográfico —esa ventana de oportunidad donde la población económicamente activa supera a la dependiente.
Pero en vez de aprovechar esta oportunidad, el Estado está diseñando su propio suicidio demográfico.
El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la Guía de Derechos en Salud y el Manual de Planificación Familiar han convertido la reducción de la fecundidad en una política de Estado. No como resultado de un debate nacional, sino como productos importados, diseñados por organismos internacionales, redactados en oficinas de consultores con salarios en dólares, y ejecutados sin haber pasado por el Congreso Nacional. Se trata de documentos técnicamente nulos en términos normativos, pero operativamente letales.
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