Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primer paso para enfrentar el cambio climático desde el ámbito fiscal debe ser eliminar las políticas que profundizan el problema, en especial los subsidios a los combustibles fósiles. Estos subsidios pueden clasificarse en dos tipos: los explícitos, cuando el Estado asume directamente parte del costo de los combustibles o la electricidad, y los implícitos, que surgen al no contabilizar los daños ambientales y las externalidades negativas derivadas de su uso.
De acuerdo con estimaciones recientes, los subsidios mundiales a los combustibles fósiles -considerando ambos tipos- alcanzan el 5,9% del PIB global. En el caso de América Latina y el Caribe, la cifra es incluso superior, representando cerca del 6,2% del PIB regional. Este monto incluye tanto el gasto público directo como la omisión de costos sociales y ambientales que, en última instancia, terminan afectando la sostenibilidad fiscal y climática de los países.
El BID señala que los subsidios explícitos implican un costo fiscal elevado para los gobiernos, pues representan la diferencia entre el costo real de producir el bien y el precio que los consumidores pagan por él, multiplicado por el volumen de consumo. En 2022, el subsidio explícito promedio a los combustibles fósiles en un país típico de la región llegó al 1,8% del PIB. En ese mismo año, 22 de los 26 países prestatarios del BID mantenían subsidios al consumo de combustibles o electricidad.
La magnitud de estos subsidios varía ampliamente. Venezuela registró el valor más alto, con un gasto estimado de 13,8% del PIB, seguida de Bolivia (4,8%), Ecuador (4%) y Argentina (2,5%). En contraste, países como Paraguay, Brasil y Perú destinaron alrededor del 0,5% del PIB o menos.
Los productos derivados del petróleo concentran la mayor parte de los subsidios, representando el 52% del total regional, seguidos por la electricidad (28%) y el gas natural (19%). Solamente Brasil mantiene un nivel marginal de subsidio al carbón. En la mayoría de los casos, las transferencias se orientan directamente a los consumidores y no a los productores, lo que busca aliviar los costos de energía doméstica, pero genera distorsiones en el mercado y presiones sobre las finanzas públicas.
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