La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de “certeza constitucional” planteada por el MOPC para adjudicar la APP del aeropuerto, pese a que la figura no existe en nuestra legislación y aún cuando la Contraloría dictaminó en contra del proceso e incluso ya existe “cosa juzgada” en el caso.
La Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, decidió dar trámite a la acción de certeza planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que la Corte emita una declaración que le permita adjudicar el contrato de Alianza Público-Privada (APP) del aeropuerto. No obstante, en el mismo documento, la magistrada Bareiro de Módica hizo constar su oposición a que se estudiara el recurso, puesto que lo considera inconstitucional, pues no está previsto dentro de la Carta Magna.
La adjudicación de este contrato de 30 años a favor del consorcio Sacyr-Agunsa era inminente a principio de este año, pero el proceso quedó paralizado cuando un grupo de senadores denunció diversas irregularidades y maniobras internas dentro del MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, para favorecer a la mencionada oferente.
Según los datos, algunas de esas maniobras buscaban mantener en carrera a Sacyr, pese a sus antecedentes de incumplimiento en otros países, que según el pliego de bases y condiciones, eran motivo de descalificación.
Posteriormente, el MOPC supeditó la adjudicación de este contrato al resultado de una auditoría que inició la Contraloría sobre toda la licitación y que tuvo como resultado la constatación de varias de las irregularidades denunciadas por los senadores y finalmente, la recomendación de cancelar todo el proceso.
Leer la nota completa en Diario ABC
