El juez de Garantías Miguel Palacios, los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro tergiversaron los hechos atribuidos por el Ministerio Público al senador cartista Hernán David Rivas Román, y sobre una errónea construcción fáctica terminaron sobreseyendo al legislador del proceso penal por su título falso de abogado. Este es un análisis preliminar que hicieron en la fiscalía, que debe determinar la via de apelación.
La imputación y acusación presentadas por el Ministerio Público en contra del senador (ANR - cartista) está sustentada en la afirmación de una calidad de abogado contraria a la realidad, sostenida con un certificado de estudios y un título expedidos formalmente por la Universidad Sudamericana, para luego proyectar esa falsa calidad en constancias públicas y obtener efectos jurídicos concretos, indicaron fuentes del Ministerio Público.
La hipótesis fiscal sobre la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, hechos atribuidos a Hernán Rivas, está dividida en tres porciones, pero asentada en una misma teoría del caso.
En concreto, el Ministerio Público acusa al legislador colorado de haber hecho constar falsamente que cumplía con la exigencia constitucional de ser abogado y así ser designado por la Cámara de Diputados como representante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el 3 de julio de 2020. Además en fecha 11 de junio de 2020 obtuvo de la Corte Suprema de Justicia su matrícula abogado, documento que fue expedido el 7 de julio de 2020; y finalmente fue designado por el Senado como representante ante el JEM en fecha 6 de julio de 2023, permaneciendo en el cargo hasta octubre de 2023.
Sin embargo, tanto el juez de Garantías Miguel Palacios como los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro modificaron la teoría fáctica del Ministerio Público para declarar operada la prescripción del hecho punible de producción de documentos no auténticos y, posteriormente, disponer el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas, con el argumento de que sin documento falso no se puede perseguir penalmente el uso de un documento falso.
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