Para Porfirio Garcete, abogado de Editora del Este SA (diario Vanguardia), la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar fallos que censuran a la prensa obedece al propósito de blindar el corporativismo judicial.
En una decisión unánime, los ministros de la sala constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña rechazaron “in limine” la acción promovida por los abogados Porfirio Garcete Vega e Yrma Griselda Núñez Cabañas, con patrocinio del doctor César Coll Rodríguez, contra fallos judiciales de mayo y junio pasado que prohíben la difusión de información respecto al proceso por acoso abierto contra un docente de una universidad de Ciudad del Este.
Garcete afirma que a través de la sentencia que rechaza su acción la sala constitucional “sepulta a notorios e inexcusables extravíos procesales” cometidos por magistrados inferiores, en abierta contraposición a las normas constitucionales que garantizan el debido proceso, la libertad de expresión y prensa, así como la prohibición de censura previa, además de un inexcusable desconocimiento de las reglas básicas para el trámite y la procedencia del amparo.
“La decisión de la Corte deja un enrarecido ambiente, ya que parecería que la misma obedece simplemente a una cuestión que busca blindar el corporativismo por encima del ineludible precepto de justicia que debe ser sostenido por este Poder del Estado. La Corte en una medida arbitraria y cómoda intenta eludir el estudio profundo de la cuestión sometida a su consideración y recurre, de manera sorprendente, a resoluciones formularias del mismo tipo que ella critica en su propio considerando”, afirmó Garcete.
“La violación al derecho a la libertad de expresión es especialmente radical en los casos de censura previa, ya que viola tanto el derecho de cada persona a expresarse como el derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”, agregó.
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