Grupos autodenominados “sin techos” se concentraron frente al Congreso –sin cumplir medidas sanitarias- para apoyar la gestión del ministro de Urbanismo, Dany Durand, y su intención de utilizar los US$ 40 millones para la reactivación económica con el programa de Fonavis. Empresarios cuestionan que ese mecanismo no permite libre participación ni existe transparencia.
Más de un centenar de personas se concentraron esta mañana en la plaza ubicada frente al Congreso y montaron un improvisado escenario, con altoparlantes, para “alzar la voz” de apoyo a la gestión del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, poco antes de que mantenga una reunión con responsables de la comisión asesora de obras, servicios públicos y comunicaciones de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Ibarra. Todo esto sin cumplir las recomendaciones sanitarias de distanciamiento para evitar contagios masivos de coronavirus.
La manifestación de apoyo al ministro Dany Durand contó con logística de alimentos, cada persona recibió una bandeja con sandwich de milanesa y una gaseosa. Gilberto Cáceres, representante de la Coordinadora Nacional de los Sin Techos, indicó que el sector defiende lo establecido en la Ley N° 3.637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) y pidió presupuesto para 25.000 viviendas para este y el año que viene. “No vamos a permitir que ese programa sea manoseado porque está dirigido para los sintechos y por eso defendemos”, manifestó.
La normativa permite que el Ministerio de Urbanismo realice designaciones directas a Servicios de Asistencia Técnica (SAT), sin concurso, y estos a su vez elijan las constructoras que se encargarán de edificar las viviendas sociales. Las firmas reciben transferencias directas del rubro 800, sin concurso libre y transparente, con control ciudadano, tal como se da con la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas.
Consultado al respecto, Cáceres respondió que el Fonavis se diferencia de las demás compras públicas en que se trata de un subsidio dirigido a las personas para la construcción de viviendas, no para la adquisición de un bien. “El subsidio es individual, la gente en los asentamientos se registran y el apoyo del Estado es en un 95%, mientras que el resto paga el beneficiario. El monto del aporte estatal es lo que recibe el SAT y se encarga de la construcción”, dijo. En cuanto a la transparencia, considera que la mayor garantía son los beneficiarios, quienes son los principales interesados en...
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