La jueza Rosarito Montanía ordenó el secuestro de una motocicleta marca Kenton, un automóvil Suzuki Vitara, un Toyota Premio y un Toyota IST, incautados en el marco de la investigación sobre presuntos microtraficantes detenidos en el marco del operativo Troya. Estos vehículos formarían parte de la estructura logística para el traslado de drogas, liderada por […]
La jueza Rosarito Montanía ordenó el secuestro de una motocicleta marca Kenton, un automóvil Suzuki Vitara, un Toyota Premio y un Toyota IST, incautados en el marco de la investigación sobre presuntos microtraficantes detenidos en el marco del operativo Troya.
Estos vehículos formarían parte de la estructura logística para el traslado de drogas, liderada por Antoliano Galeano, supuesto encargado de dirigir, financiar, negociar la compra de sustancia estupefacientes y medicamentos controlados; quien contaría además, con la presunta colaboración de los imputados Christian Rubén Ramírez Torales, Adrián Ismael Galeano Bordón, Melania Bordón, Evelyn Mariel Ocampos Bordón, Benita Galeano, Rodrigo Lagraña Ramírez, Alberto González, Eladio Franco Romero y Brian David Galeano.
Los vehículos fueron incautados en poder de los imputados, Evelyn Mariel Ocampos Bordón, Antoliano Galeano, Melania Bordón y Rodrigo Lagraña Ramírez, en uno de ellos, específicamente el Toyota, Modelo IST se hallaron o 430 gramos de cocaína, divididas en 10 (diez) porciones de supuesta cocaína, totalizando 120 gramos; 9 (nueve) porciones de supuesta cocaína de 80 gramos; 9 (porciones) de supuesta cocaína, totalizando 130 gramos, y una porción de supuesta cocaína tipo crack, totalizando 520 gramos, los cuales fueron sometidos a la prueba primaria de campo por el sistema “Narcotest”
Montaía señala en su considerando, “la necesidad de asegurar las mismas, pues de no dictarse las medidas idóneas, éstas, corren el riesgo de perderse y/o transferirse y de ese modo, se evite que en un futuro, puedan ser comisados y pasen a favor del Estado, por lo que, conforme a las constancias obrantes en autos, esta Magistratura considera a prima facie, que se dan por acreditadas la verisimilitud del derecho que se invoca y la urgencia de la adopción de las medidas.”, afirma
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