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Pareciera que las autoridades no entienden, ni quieren entender, que el Estado de Derecho diseñado por nuestra Constitución Nacional, se funda en el reconocimiento y compromiso de respeto irrestricto a principios, derechos y garantías, que se traducen en disposiciones enunciativas, dejando en mano

Pareciera que las autoridades no entienden, ni quieren entender, que el Estado de Derecho diseñado por nuestra Constitución Nacional, se funda en el reconocimiento y compromiso de respeto irrestricto a principios, derechos y garantías, que se traducen en disposiciones enunciativas, dejando en manos de la legislación inferior, convertir tales enunciados en normas operativas.

Para que se entienda de alguna manera, el iusfilósofo Hans Kelsen, compara el ordenamiento jurídico de un país con una pirámide, en cuyo vértice superior se encuentra la Constitución Nacional, y por debajo los tratados internacionales, las leyes, decretos, y otros actos normativos dictados por las autoridades creadas por ella, en el orden de prelación enunciado por el Art. 137 de nuestra Ley Suprema.

Como consecuencia de ello, las leyes sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo, deben ser el desarrollo de aquellos principios, derechos y garantías, consagrados en la Constitución, bajo amenaza de nulidad.

Si una ley no se encuentra alineada a las normas constitucionales, se encuentra al margen de nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto, es nula y así debe ser declarada por nuestro sistema judicial, en virtud de una declaración de inconstitucionalidad, que corresponde a la Corte Suprema de Justicia disponer, conforme los Art. 132 y 259,5 de nuestra Constitución.