El subcontralor general adjunto, Camilo Benítez Aldana, dijo que hay instituciones que quieren evitar que la Contraloría audite su gestión, para lo cual recurren a la Corte Suprema de Justicia, tal como ocurrió en esta ocasión con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Eso no impide a la Contraloría General entrar a auditar al Ministerio de Obras Públicas”, expresó.
El máximo tribunal del país falló a favor del citado ministerio en el caso del río Pilcomayo.
No obstante, sostuvo que esa decisión de la Corte Suprema no le quita a la Contraloría General de la República el poder constitucional de realizar auditoría al Ministerio de Obras Públicas. “Esto no le quita a la Contraloría el poder constitucional de, por ejemplo, la semana que viene se pida los antecedentes de la licitación del aeropuerto”, expresó Benítez Aldana.
Cree que la decisión de la Corte Suprema de Justicia está equivocada respecto a que determina que algunas instituciones rindan cuentan ante el Tribunal de Cuentas y no ante la Contraloría General.
Aclaró que, en este caso en particular, lo que va a ocurrir es que la gestión del MOPC será juzgada por el Tribunal de Cuentas, y si el Tribunal de Cuentas juzga sobre ese tema, la Contraloría General ya no podrá hacer el trabajo de auditoría.
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