La ley habilita más recursos y agentes, pese a la resistencia del MEF. El Gobierno reconoce que las prisiones están en manos del crimen organizado. Por qué el ministro se juega su última carta.
A pesar de representar una "carta blanca" para acceder a mayores presupuestos y flexibilizar limitaciones administrativas, el proyecto de ley de Emergencia Penitenciaria es la ����ltima oportunidad del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para intentar recuperar el control de las 20 c����rceles del pa����s, administradas de facto por organizaciones criminales, como reconoce el propio Gobierno.
La iniciativa, que data del a����o pasado y ahora se busca ampliar hasta diciembre de 2026, concede al Ministerio de Justicia un respaldo legal para que las fuerzas de seguridad -incluidos militares- custodien los per����metros de las penitenciar����as, una suerte de refuerzo para los establecimientos que operan hoy, en promedio, al 60% de su capacidad.
La emergencia -todav����a pendiente en el Congreso- tambi����n autoriza a Nicora a gestionar obras de infraestructura, avanzar en la compra de equipamientos tecnol����gicos, adquirir alimentos y realizar otras adjudicaciones de car����cter urgente. Aun con estas prerrogativas o s����per poderes, el ministro no tiene margen para un nuevo golpe de las estructuras criminales enquistadas en el sistema penitenciario.��
De acuerdo a altos funcionarios del gabinete de Seguridad, al presidente Santiago Pe����a no le convence del todo la idea de concederle a Nicora poderes discrecionales para acceder a recursos del Ministerio de Econom����a y Finanzas. Sin embargo, la necesidad de imponer la autoridad en los establecimientos penitenciarios se convirti���� en una preocupaci����n central para la seguridad interna.
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