El reciente secuestro y la ejecución del joven Jorge Ríos por integrantes de la autodenominada ACA-EP han reactualizado la pesadilla que vive la población del norte de la Región Oriental ante la permanente incursión de las bandas de facinerosos, y la poca o nula actuación de la costosa Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hoy insertada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Y, como siempre ocurre en casos como estos, aparecen dos elementos que nunca faltan: la formación de una comisión para la investigación del asunto puntual y el reclamo de un mayor presupuesto, como si ya no fuera suficiente. Vale preguntar cuántas comisiones legis- lativas se han creado a la fecha, cuyos informes no tuvieron más peso que el papel en que estaban escritos, y que fueron a enmohecerse en alguna gaveta del Ministerio Público o de otra institución. Por su parte, el ministro Arnaldo Giuzzio pidió ¡130 millones de dólares! más para la FTC.
El reciente secuestro y la ejecución del joven Jorge Ríos por integrantes de la autodenominada Agrupación Campesina Armada - Ejército Popular (ACA-EP) –un apéndice del también autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)–, y cuyos restos fueron arrojados en territorio brasileño cerca del río Apa, han reactualizado la pesadilla que vive la población del norte de la Región Oriental ante la permanente incursión de esos facinerosos, y la poca o nula actuación de la costosa Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hoy insertada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
Y, como siempre ocurre en casos como estos, aparecen dos elementos que nunca faltan: la formación de una comisión para la investigación del asunto puntual y el reclamo de un mayor presupuesto, como si ya no fuera suficiente.
Cuándo no, la comisión fue creada en la Cámara de Diputados, con el pomposo objetivo de investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado. Vale preguntar cuántas comisiones legislativas se han creado a la fecha, cuyos informes no tuvieron más peso que el papel en que estaban escritos, y que fueron a enmohecerse en alguna gaveta del Ministerio Público o de otra institución. Justamente viene al caso aquel importante informe presentado en el 2014 por una comisión del Senado, que denunció con nombres y apellidos a varios legisladores por presuntos vínculos con el narcotráfico....
En setiembre del 2019, el mismo Giuzzio, como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lamentó que la Fiscalía, en ese momento ya dirigida por Sandra Quiñónez, haya cajoneado la denuncia. La pregunta que cabe es: ¿qué hará ahora la comisión de la Cámara de Diputados para que la Fiscalía le preste atención? En verdad, lo que deberían hacer los legisladores es crear una comisión para investigar por qué el Ministerio Público ignora las numerosas denuncias de corrupción, narcotráfico y otros graves delitos que se le presentan y, si cabe, iniciar juicio político a la titular del...
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