El proyecto de ley que salió a flote ayer en Diputados sobre los castigos por no votar plantea sanciones que van desde la suspensión de subsidios y créditos agrícolas hasta la imposibilidad de acceder a becas y renovar documentos personales.
El proyecto de modificación de la Ley 834/96 Código Electoral, que determina las multas y reglamenta el procedimiento de cobros de multas y sanciones a los que infrinjan la obligatoriedad del voto, ya fue presentado en 2015 en Diputados y cuenta con dictamen aprobado de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
El artículo que planean modificar es el 332. Si se llega a aprobar, el primer castigo para quienes no voten sería multas que van desde 15 hasta 30 jornales mínimos (G. 1.177.575 y G. 2.355.150)
Además, tendrán otras sanciones como suspensión para ser beneficiario de subsidios y la imposibilidad de acceder a becas y créditos agrícolas otorgados por entidades estatales. También pueden ser suspendidos por dos años para la renovación y expedición de documentos de carácter personal como pasaportes y registros de conducir.
Otra de las sanciones es la prohibición de ingreso a cualquier cargo público durante un plazo de dos años y a cargos electivos en las elecciones subsiguientes a las que han incurrido en faltas.
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