Los ministros de la Corte Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay, quienes son enjuiciados políticamente, integrarían la Sala Penal para anular las altas condenas impuestas a los exdirectivos de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) por el desfalco de US$ 48 millones. La maniobra se inició inhibiendo a los ministros para conformar la sala a medida.
La artimaña para apartar, hasta ahora, a cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia se inició con la cuestionada intervención de los abogados Nicolás Gaona Irún y Luis Bertón Planás, quienes aparecieron solo para inhibir a los altos jueces.
Los dos profesionales lograron apartar a Alicia Pucheta, Luis María Benítez Riera, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña por diferentes motivos, y está próximo a declinar su intervención José Torres Kirmser, según fuentes confiables.
Esta “jugada” da vía libre para que integren la Sala Penal los ministros Sindulfo Blanco (originario de esta sala), Miguel Óscar Bajac y César Garay, ambos de la Sala Civil, quienes tienen el “cháke” del juicio político y últimamente con criticados fallos.
Llamativamente, la “aceptación” de la personería de Gaona Irún se da luego de que el alto tribunal ya haya definido rechazarla.
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