EL INTENDENTE, LUIS YD, Y EL DIRECTOR DE OBRAS, RENÉ MIGLIO, SIGUEN SIENDO SOSPECHOSOS DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE SE COBRARON DOS VIDAS TRAS EL DERRUMBE.
En un nuevo avance en la investigación sobre el colapso de un edificio en construcción que sacudió a la ciudad de Encarnación en 2024, el Ministerio Público ha ratificado formalmente las imputaciones contra cinco personas clave, incluyendo al Intendente Municipal Luis Yd Sánchez y al Director de Infraestructura Pública y Servicios, René Orlando Miglio. La causa, identificada como N° 2620/2025, investiga presuntos hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y homicidio culposo, en relación con el derrumbe que resultó en...
La ratificación de las imputaciones, presentada por un equipo de fiscales integrado por los agentes Francisco Javier Martínez Paiva, Rocio Carolina Valdez Florentín y Enrique David Fornerón Rodríguez, responde a un proveído judicial del 23 de febrero de 2026. Este documento, emitido por la Unidad Penal N° 10 del Área V del Ministerio Público, detalla un relato exhaustivo de violaciones normativas que, según los investigadores, contribuyeron directamente al trágico incidente.
El derrumbe ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Capellán Molas, entre Avda. Japón y Lara Castro, en el barrio San Roque González de Santa Cruz, donde se construía un edificio originalmente aprobado para seis niveles, pero que fue ampliado ilegalmente a ocho pisos sin las debidas precauciones estructurales.
Todo comenzó en mayo de 2023, cuando la propietaria del terreno, Ramona Teresa Bogado Benítez, junto con el arquitecto Roberto Faustino Ramírez Faría, presentaron una solicitud de permiso de edificación ante la Municipalidad de Encarnación. El proyecto inicial contemplaba una planta baja y cinco pisos superiores, con una superficie total de 1.584 metros cuadrados. Acompañaron la petición con una serie de documentos, incluyendo planos arquitectónicos, cómputos presupuestarios y constancias de pago de impuestos, abonando más de 31 millones de guaraníes por el impuesto a la construcción.
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