Como parte de un proyecto para erradicar la deforestación de las reservas naturales y privadas en varios departamentos efectivos militares demolieron puentes utilizados por los traficantes.
Dichos puentes eran utilizados como salida de camiones cargados con rollos de madera, carbón y hasta cultivos ilegales. Luego de la incursión policial para el cumplimiento de una orden fiscal de restitución, los efectivos militares complementaron el trabajo tendiente a frenar daños ambientales provocados por los invasores llamados sintierras.
Toda una organización dedicada a recaudar fondos fue descubierta por la fiscala Marta Leiva durante el pasado procedimiento del 23 de diciembre. Con el hallazgo de un cuaderno de movimientos se comprobó que cada ocupante pagaba entre 2 y 5 millones de guaraníes en concepto de ingreso. Luego por cada carga de carbón o madera aserrada también los líderes de la ocupación percibían sumas de dinero. Las millonarias sumas se abonaban en forma mensual registra la organización, cuyo argumento es la búsqueda de tierra propia para los campesinos.
El objetivo de los invasores es sacar el máximo provecho del monte en el menor lapso de tiempo. En los procedimientos de desalojo todos abandonan el predio, pero después vuelven a ingresar y a reconstruir nuevamente sus precarias viviendas y hornos. Es muy conocido por los lugareños de la zona la salida diaria de varios camiones transportando carbón vegetal, rollos y madera aserrada de especies nativas.
Los altos niveles de deforestación se han podido constatar gracias al monitoreo satelital llevado a cabo por el equipo técnico del laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El monitoreo satelital, del pasado 20 de enero ha detectado un total de 1.391 hectáreas deforestadas dentro de los límites de la reserva en el transcurso solo del año 2019.
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