El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, dijo días atrás: “Me reuní con los representantes de los camioneros y se acordó el levantamiento del paro. Continuaremos conversando para resolver juntos el problema y dar una solución definitiva”. Ambas partes resolvieron, luego de conversar, fijar el precio por el servicio del flete que tendrá de ese modo un incremento del 33%.
Pero aquí no hay solo dos partes. Hay cuatro, tres ganaron y una perdió. Las tres que ganaron son políticamente el vicepresidente, virtual precandidato a ocupar el Ejecutivo para el siguiente período gubernativo. Muchos aplauden porque terminó el paro. También ganaron los camioneros organizados corporativamente porque lograron un privilegio con un agregado: el acuerdo se refiere al costo operativo, pero falta algo más que figura en el proyecto de ley.
En efecto, dijeron los camioneros que también se les tiene que aprobar la ley que establece ¡sus utilidades en el 25%! Estamos entonces ante una tregua. Y la tercera parte que gana en todo esto es el partido Frente Guasu, la izquierda del país. Fueron sus senadores los que propusieron el proyecto de ley así como también incentivaron el paro en complicidad con los transportadores en diversos actos de violación a los derechos de terceros.
¿Y la cuarta parte? Pues es la que perdió y mucho. El pueblo. La gente trabajadora, la ciudadanía en general que vio afectado por semanas sus derechos de libre tránsito, de trabajo, de producción y comercialización. Se resolvió algo a sus espaldas. Estamos ante una flagrante violación del gobierno constitucional de la democracia republicana junto con la economía de mercado. Será el pueblo el que pagará a los que acordaron a sus espaldas.
De las varias maneras que en la práctica una sociedad va deslizándose hacia la pérdida de sus instituciones, se encuentra el uso de la coerción ilegítima de parte de ciertos grupos para su beneficio en perjuicio de otros. Es la suma del interés político y el corporativismo. Estado y grupos de presión.
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