El ministro de Educación, Luis Ramírez, justificó la licitación de US$ 6,6 millones para comprar uniformes y aseguró que sirve para garantizar que estudiantes de “zonas necesitadas” asistan a clases. Mientras, aulas se caen y faltan rubros docentes en esos mismos distritos. El proceso licitatorio está suspendido por Contrataciones Públicas debido a protestas por “desmedidos requerimientos”.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió temporalmente, el jueves, el llamado a licitación 02/2025 de “Adquisición de uniformes escolares” ad referéndum, ID 46004, del ,luego de protestas de cuatro empresas contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
Las protestas fueron realizadas por las firmas del rubro textil C.E.E. SRL, cuya representante es Cynthia González Rodríguez; UNIMER S.A., que tiene como representantes a Iván Daniel Urbieta Skaf, Martín Urbieta Skaf; Sallustro y Compañía S.A., de la familia Sallustro, entre ellos Alberto Cayetano Sallustro Marín y, por último, Industria Feris, de Marcio Rubén Feris Aguilera.
Los reclamos apuntan a desproporcionados requisitos del MEC en el PBC, como la exigencia de que se utilice en la producción de las prendas, algodón orgánico con reducción del 50% en consumo de agua en el proceso de teñido, además de asegurar condiciones de comercio justo en la cadena de suministro.
Resolución de la DNCP que suspende la licitación del MEC para la compra de uniformes. Igualmente, se exige que la proveedora cuente con 200 costureros en relación de dependencia con registro de IPS y que la planta, propia o alquilada, tenga 1.500 m2 y capacidad de producir 10.000 prendas al día.
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