El rechazo al proyecto de ley que impone un mayor control a las oenegés se extiende al ámbito técnico legal. El abogado Manuel Riera Domínguez advierte sobre ambigüedades, un ingreso estatal enorme en la esfera privada y un riesgo de uso excesivo del poder.
La propuesta cartista que tiene media sanción en el Senado tiende a aumentar la burocracia existente porque obliga a cualquier persona afectada a realizar trámites con el Ministerio del Interior, Registro Públicos y eventualmente con la Sala Constitucional de la Corte, en caso de plantear acciones en contra de su implementación, señaló el ex presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera Domínguez.
Se trata de un proyecto que establece un mayor control y transparencia en el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), siendo que estas entidades ya están reguladas, teniendo en cuenta que pasan por el Banco Central del Paraguay, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y hasta por el Poder Ejecutivo.
“Entonces, no solamente esto genera un montón de problemas, sino que duplica problemas ya existentes. Cualquiera sea el incumplimiento que se produzca en la ley, la responsabilidad se extiende a todos los integrantes en el marco de su administración e inclusive a terceros. Y eso rompe, naturalmente, con el fundamento de todas las personas jurídicas, porque las personas jurídicas (empresas u organizaciones) en su esencia son distintas de sus miembros y su patrimonio es independiente”, explicó.
En ese sentido observa que el sistema de control y responsabilidad que plantea la normativa trasciende lo que es una OSFL.
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