Las exigencias de varios grupos de pobladores de disolver a la Fuerza de Tarea Conjunta –establecida en la región Norte para combatir a los grupos armados como el EPP y la ACA– encuentran fundadas razones en varias denuncias presentadas y hasta ahora no aclaradas. Sin embargo, dejar a la zona sin protección no es la mejor opción. Lo que se requiere es transparentar la acción de la FTC, ejercer un estricto control sobre sus operativos, que rindan cuenta sobre el dinero que se gasta y que se investiguen las denuncias sobre presuntos abusos cometidos, sancionando a quienes resulten responsables y, más que todo, exigir que su actuación ofrezca los resultados esperados de acabar con la inseguridad.
Las exigencias de varios grupos de pobladores de disolver a la Fuerza de Tarea Conjunta –establecida en la región Norte para combatir a los grupos armados como el EPP y la ACA– encuentran fundadas razones en varias denuncias presentadas y hasta ahora no aclaradas. Sin embargo, dejar a la zona sin protección no es la mejor opción. Lo que se requiere es transparentar la acción de la FTC, ejercer un estricto control sobre sus operativos, que rindan cuenta sobre el dinero que
se gasta y que se investiguen las denuncias sobre presuntos abusos cometidos, sancionando a quienes resulten responsables y, más que todo, exigir que su actuación ofrezca los resultados esperados de acabar con la inseguridad.
Se ha desatado un fuerte debate en la zona Norte del país sobre la posibilidad de derogar la ley que creó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por policías y militares, para combatir a grupos armados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA), principalmente en San Pedro y Concepción.
La principal crítica proviene de la Pastoral Social de las diócesis locales y de grupos de pobladores afectados, que sostienen que los militares y policías han incurrido en varios abusos y violaciones de derechos humanos contra asentamientos campesinos, y que no han arrojado resultados que contribuyan a la seguridad, como la desactivación de los grupos armados, que a la fecha mantienen a tres personas secuestradas.
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