La secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Porfiria Ocholasky, cuestionó duramente la actuación del Poder Legislativo tras la decisión del Senado de aprobar la versión del Poder Ejecutivo que excluye el reajuste salarial para los trabajadores del Poder Judicial. Según afirmó, el proceso se desarrolló de manera irregular y sin permitir el debate parlamentario […]
La secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Porfiria Ocholasky, cuestionó duramente la actuación del Poder Legislativo tras la decisión del Senado de aprobar la versión del Poder Ejecutivo que excluye el reajuste salarial para los trabajadores del Poder Judicial. Según afirmó, el proceso se desarrolló de manera irregular y sin permitir el debate parlamentario que correspondía en un tema que afecta directamente a más de 4.000 funcionarios.
Ocholasky explicó que el momento clave ocurrió cuando el senador Dionisio Amarilla asumió la presidencia en el preciso instante en que iba a tratarse el punto relativo al Poder Judicial. Indicó que el legislador dio por aprobada la moción sin otorgar tiempo para que otros senadores intervinieran, defendieran posiciones o incluso emitieran su voto de manera adecuada. “Fue automáticamente; Corte Suprema de Justicia aprobado”, relató, señalando que varios senadores estaban anotados para hablar, pero fueron silenciados abruptamente.
La sindicalista señaló que numerosos legisladores, entre ellos Colym Soroka, Noelia Cabrera y Sergio Rojas, solicitaron reconsiderar la votación debido a las irregularidades. Sin embargo, nuevamente la conducción parlamentaria bloqueó cualquier posibilidad de discusión, dando por rechazada la reconsideración sin permitir un conteo transparente de votos. Según Ocholasky, estos hechos evidenciaron una “bajada de línea” que buscaba impedir cualquier forma de incremento salarial para el sector judicial.
Añadió que la postura del oficialismo, en particular del movimiento Honor Colorado, fue determinante para frenar cualquier avance en favor de los trabajadores. Sostuvo que ni siquiera se permitió justificar la situación de miles de funcionarios que perciben salarios por debajo del mínimo legal, a pesar de ser abogados, escribanos o profesionales con responsabilidades civiles y penales dentro del sistema de justicia.
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