El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley que permite a los funcionarios rectificar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos, y eliminaba el rol de la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público los casos imputables.
El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley que permite a los funcionarios rectificar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos, y eliminaba el rol de la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público los casos imputables. El único artículo vetado es el 14, que originalmente establece el deber de la Contraloría de denunciar en caso de que las rectificaciones en las DDJJ sean imputables.
La modificación sancionada por el Congreso, el 12 de mayo, elimina esta disposición, por lo que el Ejecutivo recurrió al veto atendiendo a que el de la Contraloría de denunciar en casos imputables es el fundamento de la Ley 5.033/13, señaló el jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernan Hutteman.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó que la declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. El mandatario en redes sociales su decisión no promulgar el proyecto.
La Ley 5.033/13 establece la obligatoriedad de los funcionarios de públicos de presentar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos ante la Contraloría Pública. Las modificaciones del Congreso establecen que los funcionarios podrán rectificar sus declaraciones cuantas veces sean necesarias, en casos de errores u omisiones.
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