La impunidad no puede darse con los intendentes y gobernadores que manejaron mal el Fonacide, dijo el ministro de Educación, Eduardo Petta. Paralelamente, buscan modificar la ley para garantizar el almuerzo escolar en este tipo de casos.
El ministro Eduardo Petta dijo ayer que los intendentes y gobernadores que cometieron delitos y faltas administrativas graves con el Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) “tendrán que afrontar a la justicia”. “Yo creo que la impunidad no puede darse en este tema, y más cuando son recursos sensibles, que afectan a la educación en todas sus áreas”, agregó.
Un informe de la Contraloría General de la República, dado a conocer días atrás, indica que entre 2013 y junio de este año, un total de G. 16.091 millones de Fonacide fueron utilizados de forma irregular por seis gobernaciones y 68 municipios. El dinero dilapidado por los gobiernos departamentales suma G. 1.061 millones, mientras a nivel comunal se malgastaron G. 15.031 millones.
Según el reporte de la Contraloría, mayormente las municipalidades dejaron obras fantasmas o sobrefacturadas, aunque en algunos casos, como el del distrito de Jesús de Tavarangue, se llegó a usar el fondo para la educación de niños y adolescentes, para lavar dinero del narcotráfico.
El ente contralor encontró tanto faltas administrativas como hechos punibles cometidos con el dinero proveniente del Fonacide. En el caso de los delitos, la Contraloría fue remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. Hasta ahora solamente un exintendente, Roberto Chávez Pasotti (ANR), de Laureles (Ñeembucú), fue condenado por ello; en este caso, por un daño patrimonial de G. 1.908 millones.
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