La Corte Suprema de Justicia concluyó la auditoría de gestión del despacho de la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz, quien fue separada del cargo de manera temporal con sueldo básico, al tiempo que sus antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para su análisis y eventual sanción.
La magistrada está salpicada por el mismo esquema de fraude con pagarés que ha dejado a cientos de víctimas en su mayoría funcionarios públicos y jubilados despojadas de sus haberes, sin posibilidad de defenderse en juicios ejecutivos impulsados de forma unilateral y aparentemente avalados por una red de corrupción judicial.
Según confirmó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, la Corte detectó graves irregularidades en el juzgado a cargo de Ortiz, lo que motivó su suspensión preventiva, mientras se define su situación en el marco del proceso disciplinario.
Pero el escándalo no se limita a la magistrada. La investigación revela que varios funcionarios judiciales del mismo juzgado también habrían participado activamente en el esquema delictivo, lo que extiende la mancha de corrupción más allá de los despachos de Asunción.
Además de la jueza Norma Beatriz Ortiz de Segovia, fueron sometidos a sumario administrativo los siguientes funcionarios, los ctuarios judiciales: Elena Noemí Ojeda Duré, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán. Así como el ujier notificador: Sergio Daniel Orué Sanabria.
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