El Ministerio Público, a través de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentó acusaciones contra dos jueces en funciones, dos exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranzas; 1) y uso de documentos públicos de contenido falso (art. 30) y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores. Ujieres notificadores recibieron la acusación por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (art. En tanto, los actuarios judiciales por uso y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (arts. Finalmente, los oficiales de justicia fueron acusado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (art.
El Ministerio Público, a través de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentó acusaciones contra dos jueces en funciones, dos exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranzas; por la comisión de hechos punibles ocurridos en el marco de procesos judiciales tramitados en cuatro juzgados de Paz de la ciudad de Asunción.
Según la acusación, los representantes legales de empresas de cobranzas promovieron acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro de guaraníes o reconocimiento de deudas, en los cuales se produjeron informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos con el propósito de hacer prosperar los juicios sin que los deudores demandados tuvieran conocimiento de los mismos. Esta maniobra derivó en la emisión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, con la intención de beneficiar a las partes actoras.
Los hechos se calificaron jurídicamente contra los jueces como prevaricato (art. 305 inc. 1) y uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252), ambos en calidad de autores.
Abogados representantes de empresas de cobranza fueron acusados como instigadores de prevaricato (art. 305 inc. 1 en concordancia con el art. 30) y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores.
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