En el marco de la investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”, autoridades públicas, gremios y representantes de afectados avanzaron en un análisis técnico para establecer criterios claros sobre los descuentos aplicados a los salarios de funcionarios. Uno de los principales consensos apunta a que el límite legal de las deducciones se calcule sobre el salario neto del trabajador y no sobre el monto total presupuestado.
La reunión fue organizada por la Comisión Especial de Investigación de carácter temporal que estudia el caso, encabezada por el senador Rafael Filizzola. El encuentro tuvo como objetivo abordar la problemática de los descuentos judiciales y convencionales que afectan a numerosos servidores públicos, especialmente docentes y personal de enfermería.
Participaron representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. También formaron parte de la mesa de trabajo miembros de la Asociación de Jueces de Paz, de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay y de la Coordinadora de Víctimas de este esquema de cobros.
Durante el encuentro se revisaron los criterios que actualmente se utilizan para determinar el porcentaje máximo de descuentos aplicados a los salarios de funcionarios. En ese contexto se destacó una reciente resolución emitida por una jueza de paz de Luque, tras una acción promovida por la defensora pública Leticia Casaccia, que dispuso reducir la cuota de embargo aplicada a un trabajador, caso que fue difundido por nuestro medio.
El fallo establece que el cálculo del límite de los descuentos debe realizarse como lo establece la nueva Ley N.º 7564/2025, promulgada en noviembre de 2025,, y no sobre el salario total presupuestado, criterio que en algunos casos venían aplicando instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
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