El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que "autorice proceder" para despojar de la nacionalidad venezolana a quien "se sume a un ejército extranjero" —acusación dirigida al exiliado Leopoldo López— mientras el Gobierno anunció la anulación inmediata del pasaporte del opositor.
El presidente Nicolás Maduro informó el miércoles 29 de octubre que pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "consideración constitucional" para quitar la nacionalidad venezolana a quienes —a su juicio— se "suman a un ejército extranjero imperialista para invadir" el país, una medida que el Ejecutivo vincula específicamente al opositor Leopoldo López, exiliado en España.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez añadió que, además del recurso ante el TSJ, el Gobierno procedería "de inmediato" a anular el pasaporte de López, acusado por la administración de Maduro de promover sanciones, "llamados a la invasión" y acciones que, según el Ejecutivo, atentan contra la soberanía nacional.
El anuncio del Ejecutivo llega en un contexto de alta tensión regional por el despliegue militar estadounidense en el Caribe —incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford según medios internacionales— movimiento que Caracas ha interpretado como presión externa y que el Gobierno ha utilizado para fundamentar su advertencia contra quienes favorezcan una intervención.
La medida enfrentaría un obstáculo constitucional notable: el artículo 35 de la Constitución venezolana establece que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, mientras que Maduro basó su pedido en el artículo 130 (deber de honrar y defender la patria) y en normas penales que sancionan la traición o la promoción de sanciones externas. Expertos y opositores han señalado la aparente contradicción legal y advierten sobre la inconstitucionalidad de una medida contra un ciudadano nacido en Venezuela.
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