Un equipo auditor dirigido por el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República detectó que Petropar sufrió un daño patrimonial de más de 30.000 millones de guaraníes, bajo la gestión del anterior presidente Eddie Jara, entre 2016 y 2018. Lo más probable es que el grave perjuicio no haya resultado de una mera negligencia culposa, sino más bien parecería un contubernio entre amigos de lo ajeno instalados tanto en el sector privado como en el público. Cabe señalar que el art. 82 de la Ley N° 1535/99 obliga al personal estatal que menoscaba los fondos públicos a raíz de acciones u omisiones opuestas a sus deberes legales a indemnizar con su patrimonio el perjuicio ocasionado, con independencia de su responsabilidad penal. No se debe repetir la triste historia del “oparei” en que han concluido múltiples denuncias bien fundadas sobre la malversación de recursos públicos. No basta denunciar en forma rimbombante los supuestos faltantes, o reemplazar a una autoridad por otra. Es imprescindible que los delincuentes vayan a la cárcel y, además, que reparen los daños provocados.
Un equipo auditor dirigido por el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, detectó que Petropar sufrió un daño patrimonial de más de 30.000 millones de guaraníes, bajo la gestión del anterior presidente Eddie Jara, entre 2016 y 2018. Según el informe, fue causado mediante acciones u omisiones tales como entregar bienes en comodato sin garantías a quienes hoy niegan la validez de los respectivos contratos, seguir proveyendo de combustibles a una empresa en quiebra a cambio de cheques diferidos, o simplemente no cobrar las deudas, causando así su...
Ya a inicios de octubre último, la actual administración, presidida por Patricia Samudio, reveló que había deudas vencidas por un valor total de casi 24.000 millones de guaraníes, y que se habían amortizado otras con cheques diferidos y rechazados. Lo más probable es que el grave perjuicio infligido no haya resultado de una mera negligencia culposa, sino más bien parecería un contubernio entre amigos de lo ajeno instalados tanto en el sector privado como en el público. Es de suponer que las ganancias ilícitas fueron compartidas según las “comisiones” vigentes en el mercado de la corrupción.
Competerá ahora al Ministerio Público perseguir a los responsables del saqueo, una vez que la Secretaría Nacional Anticorrupción formule la denuncia penal anunciada. Por de pronto, cabe lamentar que ni esta secretaría, ni la Auditoría Interna del Poder Ejecutivo ni la Contraloría General de la República se hayan ocupado antes de examinar el desempeño administrativo que condujo a semejante latrocinio. No habrán querido importunar a quien el expresidente Horacio Cartes puso en muy mala hora al frente de Petropar, de modo que hubo que esperar un cambio de Gobierno para que salieran a la luz...
Debe admitirse que Jara supo cubrirse políticamente las espaldas, hasta el punto de celebrar un insólito contrato con la ANR en 2016 para instalar dos estaciones de servicio en predios de una seccional colorada de Fernando de la Mora, que no puede desempeñar una actividad comercial de esa naturaleza, pagando un alquiler mensual de tres millones de guaraníes y dándole el 10% de lo cobrado por la venta de cada litro de carburante.
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