Cuando leí la información del equipo de investigaciones de nuestro diario pensé que se trataba de un error y me puse a realizar cálculos y averiguaciones. Efectivamente eran ocho BILLONES de guaraníes, cifra no muy común en el léxico paraguayo y más aún el monto, puesto que estamos hablando de 1.403 millones de dólares.
Esa cifra está en manos de un clan familiar al cual no se conoce actividad productiva alguna. Por lo menos tres miembros de ese clan ejercen la función pública: Óscar González Daher, senador; su hijo, Rubén González Chávez, concejal municipal de Luque, y la hija María Emilia, que “trabaja” en Itaipú con un sueldo de casi G. 50 millones. Por tanto, están sujetos a la rendición de cuentas y al control de sus movimientos económicos, algo que no se hizo, se hizo mal o se cobró para dejarlos pasar impunemente. Si no se dejan controlar y se niegan a rendir es porque esconden algo nuestro.
Ahora se sabe, que además de los hechos de tráfico de influencias del senador, ventilados a través de los audios; los abusos de su hijo (considerado el verdadero intendente de Luque) y el privilegio de la hija, existen fundadas sospechas de enriquecimiento ilícito a través de una inmobiliaria.
A ello debemos agregar serias sospechas de usura, chantaje, extorsión, abuso de poder, cohecho, entre otros, lo que significa que existen suficientes motivos para creer que los González Daher utilizaron sus cargos para la prepotencia política y abusaron de sus facultades para acumular fortuna, sin preocuparse por demostrar el origen de la misma, algo que es obligatorio para cualquier ciudadano común que desea depositar diez mil dólares en un banco.
Por lo mismo se puede suponer legítimamente que una parte de la fortuna multimillonaria que el clan González Daher tiene en su poder es de origen público, que las instituciones jurisdiccionales están obligadas a investigar hasta llegar a una conclusión cierta. Y si llegara a comprobar la sospecha, la justicia debería tener el valor de obligar a los González Daher a devolver lo ajeno y pagar por ello de acuerdo con la ley. Pienso que será fácil comprobar enriquecimiento ilícito dado que no es fácil en este país recaudar más que el IPS.
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