Los gobiernos ágiles han irrumpido de manera bastante heterogénea en América Latina. Antes de la pandemia coexistían países donde los trámites públicos eran una odisea, con otros que habían avanzado en la digitalización de procesos, y que no tenían mucho que envidiar de las economías avanzadas.
Pero algo cambió con la pandemia: a diferencia de lo que sucedía antes, ya nadie duda de que la transformación digital de los gobiernos es determinante para ofrecer servicios públicos funcionales. En otras palabras, todos los gobiernos de la región han asumido que el futuro de las administraciones públicas pasa inevitablemente por la agilidad. Esta nueva realidad representa una gran oportunidad para modernizar los Estados, pero el camino no será tan sencillo.
Antes de entrar en materia conviene acotar qué es un gobierno ágil y qué implica para los ciudadanos. Los gobiernos ágiles son aquellos que ofrecen soluciones innovadoras a los problemas de gestión tradicionales. Esto significa que, en algunos casos, posiblemente sea mejor eliminar trámites innecesarios, antes que reformularlos conceptualmente o a través de la tecnología.
En segundo lugar, los gobiernos ágiles tienen un fuerte componente de digitalización. Por ejemplo, introducir soluciones tecnológicas para agilizar trámites, acabar con el papeleo, habilitar recetas médicas electrónicas, gestionar datos de manera más eficiente o minimizar las opciones de corrupción en las contrataciones públicas.
Los gobiernos ágiles, por tanto, incluyen desde prácticas transparentes y políticas de integridad pública, hasta la buena digitalización y coordinación entre municipios y ciudades, la innovación pública, las soluciones tecnológicas a retos públicos o las mejoras regulatorias y burocráticas.
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