Pese la gran conmoción de la ciudadanía ante el brutal feminicidio ocurrido en Lambaré el domingo último, la Corte Suprema de Justicia no dispuso medida alguna para aclarar las circunstancias en que el procesado Osvaldo Zaracho fue beneficiado con arresto. El caso ni siquiera fue abordado en la sesión del pleno de hoy. Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó cartas en el asunto.
A la par de los sistemáticos hechos de violencia que el domingo pasado terminaron por truncar su vida de manera cruel, sigue siendo “ninguneada” por la Justicia, incluso después de su muerte. Mientras la ciudadanía se pregunta cómo es posible que una persona que haya acudido a la justicia a pedir protección termine asesinada en plena vía pública, la máxima instancia judicial permanece en silencio ante la tragedia.
No se conoce de pedidos de informe a los tres jueces que atendieron el caso ni tampoco que se haya dispuesto una auditoría de gestión para conocer al menos las circunstancias en que el procesado Osvaldo Zaracho seguía beneficiado con arresto domiciliario -ratificado en marzo pasado- pese a las denuncias de violación de esta medida.
Hay versiones de que el juez penal de garantías Juan Francisco Recalde, quien el 26 de febrero pasado otorgó el arresto domiciliario a Zaracho, supuestamente presentó un informe al superintendente de Central, el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Sin embargo, el gabinete del ministro desconoce dicho reporte, según informaron desde la Dirección de Comunicación de la CSJ. Tampoco se pudo corroborar esta información con el magistrado, pues el mismo dice estar “ocupado” para no dar explicaciones sobre su decisión y con ese argumento no recibe visitas ni atiende llamadas de nuestra corresponsal.
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