La auditoría realizada en un expediente de violencia familiar a cargo de la jueza de Capiatá, Norma Salomón, señala que “llama la atención” el trámite que dio la magistrada al incidente de revocatoria de medidas cautelares que presentó el fiscal Víctor Villaverde, en junio de 2023. Lo hizo con base al artículo 330 del Código […]
La auditoría realizada en un expediente de violencia familiar a cargo de la jueza de Capiatá, Norma Salomón, señala que “llama la atención” el trámite que dio la magistrada al incidente de revocatoria de medidas cautelares que presentó el fiscal Víctor Villaverde, en junio de 2023. Lo hizo con base al artículo 330 del Código Procesal Penal, pero convocó a audiencia y resolvió según el artículo 251 del mismo cuerpo legal. “Otorgó un trámite distinto al del artículo invocado en la providencia, razón por la cual esta auditoría desconoce que procedimiento fue aplicado”, concluyeron los...
El 5 de mayo de 2023, la querella adhesiva solicitó que se haga efectivo el apercibimiento y que se revoque la medida cautelar impuesta a Carlos Vigo, y de ello, derivó la providencia dictada por la jueza Norma Salomón, por la cual corrió traslado a las partes por el término de ley. Y tras haber sido contestado el traslado, dictó resolución ratificando el arresto domiciliario a favor de Carlos Vigo, refiere una parte de la auditoría a la cual tuvo acceso El Observador, pero que no fue proporcionada por la Corte, pese a que los ministros hablan siempre de la transparencia en el alto tribunal.
“En ese orden de ideas e relevante expresar que, las veces que se solicitó la revisión de las medidas cautelares, la citada magistrada aplicó el trámite establecido en el artículo 251 del Código Procesal Penal. Vale decir, convocaba a las partes a una audiencia de conformidad con el artículo mencionado y una vez finalizada, resolvía inmediatamente”, agrega el documento.
“Es importante mencionar que, al momento de que las partes planteaban incidente de revocatoria de las medidas cautelares, la magistrada Norma Salomón otorgaba en apariencia, el trámite previsto en el artículo 330 del CPP”, añade.
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