La Cámara de Senadores aplazó la discusión del proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de DD.HH. En un contexto en el que las amenazas y atentados contra periodistas van en aumento y que ayer recordamos el 11º aniversario del asesinato de nuestro colega Pablo Medina Velázquez, una ley de periodistas no es el “privilegio de ciudanos de primera”, es una deuda con la democracia.
Ante la falaz narrativa de que este es para una “casta privilegiada”, conviene puntualizar que el periodismo no persigue un favor especial. Cuando un periodista es agredido o asesinado, es una voz que se apaga y el efecto de la censura recae sobre todos.
De hecho, Paraguay ha acumulado 21 periodistas muertos en las últimas tres décadas y entre 600 y 700 casos de violencia y agresión contra comunicadores durante ese tiempo, razón suficiente para pensar en un abordaje legislativo del tema.
Una ley de esta naturaleza está codificada como una obligación legal internacional que está entre las garantías de no repetición requeridas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado paraguayo tras la histórica sentencia dictada después de encontrar al Paraguay responsable del asesinato del periodista Santiago Leguizamón Zaván en 1991.
Puntualmente, la CIDH solicitó “que se tomen medidas para aprobar un proyecto de ley sobre libertad de expresión y para proteger a periodistas, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos”.
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