Tras dos años de trabajo, se presentó a la Corte Suprema el proyecto de ley para poner freno a la avalancha de recusaciones infundadas, más conocido como “ley antichicana”. La propuesta –que limita la cantidad de recusaciones y prevé sanciones que van de multa hasta la inhabilitación y la pérdida del 50% de honorarios– alarmó a los abogados, que “contraatacaron” con un manifiesto en que piden sanción por mora.
El llamado proyecto de ley “antichicana” es el resultado de un trabajo realizado a partir de la crisis generada ante la imposibilidad de llevar adelante varias causas a raíz de las múltiples recusaciones planteadas, en su gran mayoría rechazadas por su notoria improcedencia.
Una de las innovaciones principales contenidas en la propuesta legal es establecer claros límites para la presentación de recusaciones, así como sanciones varias por su utilización en forma indebida e injustificada.
En lo que respecta al límite a las recusaciones, el artículo 12, por ejemplo, establece lo siguiente: “Efectos de la improcedencia de la recusación. El rechazo definitivo de la recusación producirá los siguientes efectos:
a) Quedará definitivamente fijada la competencia del magistrado con respeto al recusante, quien ya no podrá recusarlo nuevamente en ese juicio, por ninguna causal aún sobreviniente sin perjuicio del deber de excusación.
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