Por Estela Ruíz Díaz En TW: @Estelaruizdiaz
No fue fácil. Este desenlace tiene una larga historia de batallas judiciales, siempre con el objetivo de mantener oculta y bajo siete llaves la declaración jurada de los políticos y altos funcionarios que temen dar a conocer sus bienes no por temor a secuestros como absurdamente postularon, sino para evitar preguntas incómodas sobre el crecimiento inexplicable de sus bienes.
Esta misma semana, la Cámara de Diputados realizó un último ataque. El martes aprobó una ley vergonzosa que despenaliza las declaraciones juradas falseadas. O sea, legalizaron la mentira para evitar eventuales procesos penales. Delincuencia pura apoyada por casi la totalidad de la bancada colorada, muchos liberales y varios tibios. Lo cual revela la semblanza impúdica de una cámara que viene perpetrando sistemáticamente innumerables decisiones que atentan contra todo intento de racionalidad política, administrativa y legislativa. Las escasísimas excepciones no tienen la fuerza para oponerse...
No contentos con esta ley, un grupo de diputados, cuyos nombres no se dieron a conocer, pidieron vía nota a la Corte Suprema que no emita la inminente sentencia porque “podrían verse afectados”, en una insólita declaración de culpabilidad. Los ministros, como corresponde, rechazaron la nota por improcedente.
A pesar de las presiones políticas, el jueves se reunió la Corte Suprema y en una sentencia de antología republicana decidió la publicidad de las declaraciones juradas. A partir de este fallo, la Contraloría está obligada a difundir los datos. Un organismo que, contrariamente a su esencia, siempre fue cómplice de los políticos poniendo trabas a cualquier intento de transparencia.
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