Cada interna colorada trae consigo la sensación de haber vivido ya la misma experiencia. Cambian los nombres, pero se mantiene el esquema: las disputas de poder dentro del Partido Colorado determinan el rumbo de las instituciones, y eso no es propio de un estado de derecho. Con el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado sucede lo mismo. Las 2.441 páginas que sustentan las nueve causales del juicio político, explicadas en un libelo de 89 páginas, aparecen como irrelevantes para los actores políticos que la defienden, pues en la balanza solo pesa el argumento de no permitir su juicio. La Justicia en el Paraguay no es independiente de los poderes políticos. Es inadmisible que las internas de un partido determinen el rumbo de una Justicia que debería ser independiente, pero sobre todo, que debería ser justa para todos los paraguayos por igual.
El pedido de a la fiscala general del , Sandra Quiñónez, aún no presentado ante la Cámara de Diputados, gira en torno a nueve acusaciones por mal desempeño de funciones.
La primera es por la fallida obra del Metrobús. Se argumenta la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices, en el marco de sendas denuncias de presuntos hechos punibles, que incluyen daño patrimonial al presupuesto público por la obra inconclusa. La segunda se refiere a una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso Messer, amigo personal del ex presidente , quien tiene condena en Brasil por lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato. La tercera acusación guarda relación con Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, señalado por medios...
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