La vinculación entre la corrupción y los derechos humanos - Económico - ABC Color

A partir del análisis “jurisprudencial” de la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Viteri Ungareti Vs. Ecuador”, se puede justipreciar el sentido analítico del fenómeno de “corrupción”, distinguiendo aquellos (deberes) que tiene un Estado, en razón a la protección de los denunciantes de hechos de corrupción.

Ante ello, ocurre una vinculación (decisoria) entre el fenómeno negativo (social) y los derechos humanos, puesto que en el caso (Viteri Ungaretti vs. Ecuador), se tornará visible una “responsabilidad” internacional. Es que la Corte IDH se ha enfocado en el contexto axiológico de un denunciante de corrupción (whistleblower), en el sentido de aquel “sujeto” que denuncia un hecho, pero no es protegido por el Estado.

Así, en el caso concreto, una persona había denunciado presuntas irregularidades en el ámbito de las fuerzas militares ecuatorianas. Sin embargo, resultó ser víctima de vulneraciones a su libertad de expresión, integridad personal, entre otros derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es por tanto que Julio Rogelio Viteri Ungaretti, quien ocupaba funciones en la naval de la Embajada del Ecuador en Reino Unido, formuló denuncia por hechos de “corrupción” en las mismas Fuerzas Armadas.

Dicho lo anterior, se ha probado que el denunciante recibió sanciones a consecuencia de las denuncias que realizó, abarcando aquellas “disciplinarias”, y otras diversas represalias, que hicieron que Viteri buscara asilo junto con su familia. Así, la Corte IDH se enfocó en las cuestiones que se vinculan a la corrupción y a los derechos humanos, bajo ciertos elementos concretos como: “I) que la denuncia de corrupción reviste especial importancia para la garantía de los derechos humanos; II) que existe un derecho y a la vez un deber de las personas de denunciar hechos de corrupción y III) que...

Por consiguiente, y conforme a lo relatado e identificado por la Corte IDH, se puede dimensionar que el ciclo de “denuncias” de actos de corrupción surge como “acciones” en defensa de los derechos humanos, y en promoción del interés público. Por lo tanto, la estructura normológica compromete a los Estados a proteger a quienes denuncien corrupción, y que (estos) sean considerados defensores de los derechos humanos.